La jueza federal que preside el caso del fiscal especial Jack Smith relacionado con las acusaciones de que el expresidente Donald Trump perpetró una conspiración para anular las elecciones de 2020 que condujo al asalto al Capitolio de Estados Unidos, programó la primera audiencia del caso en Washington D.C.
La jueza federal de distrito Tanya Chutkan fijó la audiencia para el viernes a las 10 a.m. ET, para discutir una orden de protección, que se refiere a las reglas sobre cómo la fiscalía y la defensa deben manejar las pruebas, testimonios y otros aspectos del caso.
No se requiere que Trump esté presente en la audiencia del viernes, dijo Chutkan.
Esta sería la primera audiencia ante Chutkan, una jueza que ya ha sido criticada por los partidarios de Trump y recibió mayor seguridad y protección por ello.
Su decisión de programar la primera audiencia del caso para el viernes por la mañana se produce después de que los abogados de Trump, señalando su ocupado calendario legal, que incluye una audiencia en la corte el jueves en Florida en el caso federal en su contra por el manejo de documentos clasificado, solicitaron que se programara la audiencia del caso de elecciones en Washington, DC. a principios de la próxima semana.
Abogados de Trump habían dicho que habían “perdido” el viernes como una opción, pero no está claro en la presentación a qué se referían con eso
Smith le pidió al juez la orden de protección el viernes, haciendo referencia a una publicación en las redes sociales que Trump hizo el viernes por la tarde en la que dijo: “¡SI VAS POR MÍ, YO VOY POR TI!”.
En un comunicado emitido después de la presentación de Smith el viernes, la campaña de Trump dijo que la publicación estaba dirigida a grupos de interés político.
En su presentación del lunes, los abogados de Trump acusaron al equipo de Smith de pedirle a la jueza Chutkan que “asuma el papel de censor e imponga regulaciones basadas en el contenido del discurso político del presidente Trump que le prohibirían discutir públicamente o divulgar todos los documentos no públicos producidos por el gobierno, incluidos tanto materiales supuestamente confidenciales como documentos no confidenciales y potencialmente exculpatorios”.
Trump mantuvo el martes sus ataques contra el fiscal especial Jack Smith y prometió seguir hablando de sus casos penales incluso cuando los fiscales solicitaron una orden de protección para limitar la evidencia que Trump y su equipo podrían compartir.
Qué es una orden de protección
Mucho antes de que un caso penal vaya a juicio, los fiscales tienen que compartir lo que se llama “descubrimiento” con la defensa.
Eso podría incluir evidencia potencial, como documentos del gran jurado y declaraciones de testigos y puede contener detalles de identificación personal y otra información confidencial.
Las órdenes de protección se utilizan comúnmente en casos penales para proteger información confidencial sobre tácticas de investigación, testigos que cooperan o seguridad nacional.
Los fiscales en un caso penal pueden solicitar una orden de protección de un tribunal para evitar que los acusados hablen públicamente sobre información sensible y confidencial producida durante el descubrimiento del caso.
El gobierno generalmente solicita tales órdenes para garantizar que otras personas involucradas en un caso, como los testigos, no estén potencialmente sujetas a una presión indebida por parte de los acusados en un caso.
Dichas órdenes también suelen ceñirse a las normas federales que limitan lo que se puede hacer público a partir de un procedimiento del gran jurado y en qué circunstancias se puede divulgar esa información. Las solicitudes de órdenes son rutinarias y los jueces suelen emitirlas tanto en casos penales como civiles.
El profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, David Sklansky, dijo a NPR que una orden de protección en este caso no tendría la intención de “silenciar a Trump” o evitar que hable sobre el caso, sino más bien un esfuerzo por “proteger el uso de la información que se proporciona en el descubrimiento”. “
Los expertos legales dicen que una persona podría recibir una advertencia o ser declarada en desacato al tribunal por violar la orden de protección de un juez.
