Para cuando esta columna vea la luz, ya sabremos la sentencia dictada contra el concejal Mark Ridley-Thomas, condenado en marzo por cargos de conspiración, soborno y otros de fraude durante su tiempo como supervisor del condado de Los Ángeles.
Los fiscales han recomendado seis años de cárcel, más tres años de libertad condicional y una multa por $30,000. Pero sus abogados defensores piden prisión domiciliaria en lugar de privación de su libertad tras las rejas. Esto con base a que su coacusada, la exdirectora de la escuela de trabajo social de la Universidad del Sur de California (USC), Marilyn Flynn, quien se declaró culpable de sobornar al exsupervisor fue sentenciada a 18 meses de confinamiento domiciliario y a una multa de $150,000.
Con la diferencia de que las acusaciones contra Ridley-Thomas son mucho más graves, y habrá que tomar en cuenta que la señora Flynn es una adulta mayor de 84 años, y no era una funcionaria electa por los votantes.
Bueno, hasta el exconcejal y ex jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Bernard Parks mandó una carta al fiscal en la que hace ver que la pena que pide para Ridley-Thomas es muy indulgente porque además el exconcejal no ha aceptado ninguna responsabilidad ni ha mostrado arrepentimiento.
Lo peor – dijo Parks – es que intentó usar su raza para socavar la fe pública en el proceso judicial. Hay que decir que Parks perdió ante Ridley-Thomas en la campaña para supervisor del condado en 2008.
En fin, hasta el último momento, el caso Ridley-Thomas sigue provocando todo tipo de reacciones mientras que sus abogados están apelando su condena.
Lo cierto es que el veterano político abusó de la confianza pública y violó las leyes de este país, al cometer actos de corrupción política. Por lo tanto debe atenerse a las consecuencias de sus acciones.
Esperemos que la condena que se le dicte sea justa y también que esto mande un mensaje a los políticos en funciones.
