Daniel Ortega, asediado por las sanciones internacionales

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El Gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra continuará bajo asedio de sanciones internacionales por su negativa a liberar a todos los presos políticos, no restablecer las libertades políticas de los ciudadanos, ni pactar el adelanto de los comicios electorales que, según la oposición, permitiría una salida cívica a la crisis política que se inició en Nicaragua en abril de 2018 y que ha cobrado la vida de más de 300 personas.

Aunque todavía no se conoce públicamente el informe que la administración del presidente Donald Trump envió al Congreso el pasado 20 de junio, como lo ordena la Ley conocida popularmente como Nica Act, el departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el pasado viernes la sanciones a cuatro funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega Murillo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, invocó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), conocida como Nica Act, para sancionar al presidente del Parlamento, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; al director Ejecutivo de Telecomunicaciones y correos de Nicaragua, Orlando Castillo y al ministro de Transporte e infraestructura, general en retiro Óscar Mójica.

«Cayó la guillotina del mes de junio de Estados Unidos sobre el Gobierno de Daniel Ortega», comentó a ABC, el excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa al referirse a los cuatro funcionarios sancionados por Estados Unidos y que suman 11 desde que se inició la crisis.

«Con estos nuevos sancionados Estados Unidos pone en evidencia su inconformidad y molestia por la falta de progreso en solventar la crisis política que ya ha impactado negativamente la economía interna y amenaza con desestabilizar a Centroamérica», dijo Aguirre, tras revelar a ABC que conoce de fuentes fidedignas que 60.000 nicaragüenses buscaron refugio en Costa Rica para escapar de la represión de las fuerzas policiales y parapoliciales del régimen, pero hay 60 mil adicionales que se marcharon a la nación vecina por las dificultades económicas” que generó la crisis política.

Advirtió que el éxodo de 120.000 personas «puede incrementarse exponencialmente y causar desestabilización en Costa Rica».

A la espera de sanciones de la UE
Para el exembajador de Nicaragua ante la Unión Europea, Róger Guevara Mena, las sanciones estadounidenses contra funcionarios del gobierno, apenas es el preludio de lo que falta, «porque vendrán más si Ortega insiste en no acordar una salida política a esta grave situación y pretenda mantenerse en el poder hasta el 2021».

«Por el momento se está sancionando a algunos funcionarios, pero el escenario puede tornarse peor si Estados Unido suspende el acuerdo comercial con Nicaragua, impone trabas a las remesas que envían los nicaragüenses a su país de origen, o el departamento del Tesoro decide congelar recursos que el Ejército de Nicaragua maneja en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto terminaría con privilegios económicos que tienen los militares nicaragüenses», manifestó Guevara Mena.

El exdiplomático, estima que la Unión Europea no se quedará atrás «y seguramente muy pronto vamos a tener noticias sobre las sanciones europeas a Nicaragua».

El excanciller Francisco Aguirre Sacasa coincide con Guevara Mena al señalar que la Unión Europea no permanecerá de brazos cruzados contemplando las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua. El exjefe de la diplomacia nicaragüense recordó que en un informe presentado el pasado miércoles por la organización Human Rights Watch «hay una recomendación en la que se pide específicamente a la Unión Europea sancionar a Ortega para así contribuir al restablecimiento de la democracia en Nicaragua».

Por su parte, José Dávila Membreño, un opositor social cristiano que en la década de los 90 fungió como embajador de Nicaragua en Alemania, estimó que seguramente «Daniel Ortega no podrá engañar con sus manipulaciones políticas a la Unión Europea. Espero que los europeos presionen para que este dictador deje de reprimir a su pueblo, restablezca las garantías ciudadanas y anticipe las elecciones para que retorne la normalidad» a este país centroamericano de más de seis millones de habitantes.

Posible revés en la OEA
Dávila Membreño adelantó que el gobierno seguramente recibirá una condena en la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se realizará del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia.

Representantes de la Alianza Cívica, que ha sido la contraparte política en las negociaciones con el gobierno viajarán a Medellín para denunciar el incumplimiento del gobierno a los acuerdos alcanzados en la mesa del diálogo en Managua.

Dávila Membreño, cree que los nicaragüenses comprenden “que el responsable de las sanciones internacionales sobre Nicaragua es Daniel Ortega que desató una feroz represión contra jóvenes nicaragüense, lo que está causado indignación mundial, incluso entre sectores europeos que en el pasado apoyaron a la revolución sandinista”.

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