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El Departamento de Justicia dice que Pete Navarro no está protegido para no testificar por el 6 de enero

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El Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer que el existente de Donald Trump, Pete Navarro, tiene hasta el 4 de abril para responder ante el panel del 6 de enero sobre los disturbios al Capitolio; el exdirector de comercio y manufactura de la Casa Blanca no tiene ningún reclamo general de privilegio ejecutivo que le hubiera impedido testificar u ofrecer documentos al comité de la Cámara de Representantes que investigó el asalto.

Navarro se escudó después de que Trump invocó de manera formal el privilegio ejecutivo para mantener confidenciales las comunicaciones con Navarro y el juez federal de distrito Amit Mehta pospuso el juicio para escuchar más argumentos sobre la disputa.

Sin embargo, el DOJ argumentó que Navarro nunca documentó el reclamo de privilegio ejecutivo antes de ser acusado. El comité trató de preguntarle sobre las propuestas y los discursos del 14 de noviembre de 2020 y sobre el supuesto fraude electoral en un informe que publicó, que estaba fuera de sus deberes oficiales protegidos por el privilegio ejecutivo.

Durante una presentación, el fiscal federal Matthew Graves dijo que el “acusado argumento que tanto el privilegio ejecutivo como la inmunidad testimonial excusan su incumplimiento de citación del Comité”, pero todo es “es incorrecto”.

Navarro fue llamado a declarar ante el comité de la Cámara de Representantes después de que describiera en su libro ‘In Trump Time’ un esquema para retrasar la certificación de la elección de 2020 del presidente Joe Biden a través de la estrategia “Green Bay Sweep”.

En su libro, Navarro fue muy sincero al decir que esa “jugada” era la “última y mejor oportunidad de arrebatar una elección robada de las fauces del engaño de los demócratas”. E incluso más tarde, según USA Today, reveló que Trump estaba “de acuerdo con la estrategia”.

En febrero de 2022 el comité solicitó citar a Navarro y en agosto de 2022 Navarro intentó desestimar la acusación formal porque las normas penales federales dicen que “cuando un expresidente invoca el Privilegio Ejecutivo en cuando a un alto asesor presidencial, el asesor no puede ser enjuiciado a partir de ese momento”.

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