Un juez federal bloqueó el lunes una política clave de la Administración Trump que permitía a los trabajadores de inmigración del Gobierno denegar la residencia permanente a inmigrantes si consideraban que podían solicitar ayudas públicas.

El fallo del juez federal Gary Feinerman es el último de un largo periplo legal sobre la medida de “carga pública“, que fue una de las grandes iniciativas que empujó la Administración Trump en su empeño de poner freno a la inmigración.

Los defensores de los derechos de las personas migrantes han denunciado que esta regla hace que los inmigrantes no soliciten ayudas públicas como Medicaid que, especialmente en un momento de pandemia como el actual, puede salvar la vida de muchas personas y evitar la propagación.

La llamada “carga pública”, que se implementó en febrero de este 2020, ha sido bloqueada en varias ocasiones, pero el Gobierno ha conseguido hasta ahora volver a aplicar.

Después de la orden de Feinerman en el distrito norte de Illinios, un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) llamó a agentes de inmigración de todo el país para comunicarles que la “sentencia aplica a nivel nacional y entra en vigor de inmediato”, según informó Buzzfeed News.

“USCIS debe dejar de implementar inmediatamente la regla final de carga pública”, escribió Daniel Renaud, un alto cargo de USCIS.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad ya permitía al Gobierno rechazar la residencia permanente a inmigrantes considerados una carga financiera para la sociedad por considerarlos dependientes del apoyo económico de fondos públicos.

Lo que modificó la medida de la Administración Trump fue la manera en la que se decide si alguien es carga pública ya que permite a los funcionarios denegar la green card a quienes consideren que pueden se usuarios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), vales de vivienda, vivienda pública o Medicaid.

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